Ángeles Belmonte, de 76 años, y su hijo Miguel Angel Navarro , de 55 años, han permanecido encadenados cerca de dos horas hasta que los agentes de la Guardia Civil les han puesto una denuncia por «infracción» La anciana ha ironizado con que no iba a poder pagar esta nueva multa, porque no tiene «ni para pagar el pan«, y adeuda ya otros 90 euros por dos denuncias que le impusieron por encadenarse a la barandilla de la sucursal bancaria de Unicaja en la capital almeriense.
Cobra una pensión mínima de viudedad, tiene tres hijos en paro y ocho nietos a los que destina todo su dinero, uno de ellos está desahuciado también y el otro está a punto de quedarse en la calle.
Su hijo Miguel, conocido en los medios de comunicación como el «camionero sin camión», ha protagonizado varias acciones llamativas como quedarse en pañales ante los Juzgados en protesta por el impago de los pagarés de una empresa para la que trabajaba, lo que le ha llevado a perder su vehículo de trabajo y, próximamente, si nadie lo impide, su vivienda. En su opinión, mientras no se corrija este artículo cualquier empresa que abra en España estará «condenada a cerrar» y, de esta modificación legislativa pretende convencer al propio Rajoy, por lo que no cejará en sus acciones ante el Banco de España, el Congreso y La Moncloa.
Sujeto por las cadenas de hierro, ha explicado el caso de su madre, provocado por una Reunificación de Deuda sobre la casa de su hermano que ascendía a 110.000 euros y al que avaló la anciana con su propia vivienda. La empresa hizo firmar a su hermano dos letras, una de 30.000 y otra de 80.000 euros, que se suponían que iban a quedar refinanciadas. De momento, sólo han conseguido atención mediática. Su situación personal ha ido a peor. Tampoco pudo hacer frente a las deudas por los pagarés que nunca se hacían efectivos. Para salir del pasó decidió reunificar sus deudas en Unión de Crédito Hipotecario, pero esta empresa nunca las refinanció, así que les quitaron la casa. Fue una estafa.
Sin embargo , la compañía denunció a los pocos meses el impago de la primera de las letras e inició el procedimiento para el desahucio de la vivienda, que fue valorada en 30.000 euros, cuando las colindantes han sido tasadas oficialmente en 150.000. Los afectados confían en que la justicia les dé la razón por entender que se trata de una «estafa» y, mientras tanto, Navarro está intentando que se cambie «una simple frase» de la ley 19/1985, que hace «responsable del impago a quien ha trabajado y no a quien se compromete a que va a pagar y no paga».
300.000 mil españoles están con la soga al cuello amenazados de deshaucio. Si les desalojan, deberán seguir pagando el piso hasta la última peseta.
Angeles y su hijo tienen la esperanza de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atienda a «las injusticias» que tanto ellos como muchos españoles están sufriendo.
